El Presidente Zapatero ha sorprendido con nuevas propuestas frente a la crisis: reducción salarios públicos en un 5% de media en junio con congelación para 2011, congelación de las pensiones a partir de 2011, eliminación del cheque bebé, reducción inversión pública, recorte prestaciones de dependencia, y elevación edad jubilación anticipada como medidas más llamativas.
No es casual que estas medidas, junto con otras anteriores como la subida del IVA, incidan todas en el recorte de derechos a los trabajadores como paganos de la crisis, tratando de aparecer como diana los viles funcionarios públicos, y abriendo puertas como la irretroactividad de las prestaciones de dependencia que sirve para que las Autonomías resuelvan y dilaten las prestaciones a conveniencia según la disponibilidad monetaria.
Se trata de resguardar los intereses del capital financiero y los grandes empresarios. Hubo dinero público para salvar a los bancos y sus ganancias privadas, y el déficit público es el gran problema para el capital no el 20% de paro. La bolsa y el euro exigen medidas de ajuste a pagar por el pueblo llano que no provocó la crisis ni se benefició de la bonanza. Un Robin Hood a la inversa donde los pobres deben ayudar a los ricos y poderosos, manteniendo los regalos del PSOE como la supresión del Impuesto de Patrimonio, o del PP como la rebaja del tipo máximo del IRPF del 56 al 43%, las SICAV y las rebajas en los Impuestos de Sociedades y de Sucesiones.
El capital pretende aprovechar la crisis económica para aumentar su plusvalía, su tasa de beneficios, a costa de las rentas del trabajo y las prestaciones sociales.
Se trata de medidas que contribuyen a la caída de la economía, aún en pura economía liberal. Según ella el consumo público y el privado se sustituyen entre sí y una rebaja del consumo público puede ser sustituida ventajosamente por la inversión privada. Pero en una situación de crisis la inversión privada no ve beneficios claros a corto plazo y un recorte del gasto público trae como consecuencia una caída automática del consumo y de la inversión, de la economía, máxime cuando incluso se ha recortado la inversión en obra pública para consternación de los constructores.
Estas medidas además no son más que el principio, vislumbrándose una reforma laboral abaratando el despido y privatizando el INEM, además de las amenazas al sistema de pensiones (elevación edad jubilación y periodos de cómputo y carencia).
La respuesta sindical ha sido débil con responsables de UGT que “no quieren hacer el juego a nadie” y el Sr. Toxo con dudas de que “España necesite en este momento una huelga general”, con sólo un paro en el sector público para el 08 de Junio. Parece que con miedo de que entre la derecha en el Gobierno, cuando la derecha ya está en el Gobierno como demuestran las medidas antisociales, en realidad nunca se ha ido. Es necesario movilizarse para exigir la retirada de las medidas, ante lo cual no hay otro modo efectivo que una HUELGA GENERAL dentro de un plan amplio de movilizaciones.
Existen alternativas el Gobierno puede intervenir en la economía para reconducir la situación. Las administraciones deben desarrollar una política industrial activa, planes de infraestructuras y servicios de atención a ancianos y niños, financiados subiendo los tipos máximos del IRPF y recuperando el Impuesto de Patrimonio sobre las rentas altas. Asimismo medidas de reparto del trabajo con jornada de 35 horas y eliminación de horas extras como parte de una política de democracia económica y reparto de la riqueza.
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