"AGUAS DE LANGREO", pagar más por un peor servicio

Durante la anterior legislatura la alcaldesa Esther Díaz del PSOE con el apoyo del PP procedió a privatizar el agua, adjudicando el servicio a la nueva empresa mixta “Aguas de Langreo”, más en claro Aqualia, a cambio de un canon de muy dudosa legalidad que no era más que un préstamo a devolver por el ayuntamiento lo que generó recursos y un largo proceso judicial.

Tras una cuantiosa inversión pública en la reparación del canal de la Coruxera, la red urbana y la depuradora, el servicio municipal de aguas presentaba las mayores deficiencias en la zona rural no habiendo justificación alguna para hablar de un deterioro generalizado. Pese a ello el equipo de Gobierno del PSOE fiel a su odio a lo público y a su apego a los beneficios económicos para los propietarios de las empresas concesionarias, desechó la posibilidad de una empresa pública de aguas privatizando el servicio a favor de sus amigos.

La gestión de Aguas de Langreo no ha implicado mejoras en el servicio. El paso de trabajadores municipales a la empresa y su posterior vuelta al ayuntamiento ante las condiciones laborales de la empresa ha generado considerables problemas. Las condiciones laborales de los trabajadores de Aguas de Langreo son mucho peores que la de los empleados del ayuntamiento, además de su proceso de selección gobernado por el enchufismo y el clientelismo político.

La empresa, como todas, se ha caracterizado por la búsqueda de ganancias a toda costa con una subida del 5,2% en la factura para 2009, pero su gran fuente de beneficios han sido la adjudicación de las obras del servicio (sobre todo en la zona rural) a empresas amigas, así como los cambios y mantenimiento de contadores obligados a numerosas comunidades.

Las exenciones de pago han sido otro problema con las viudas con pensión mínima obligadas a pagar hasta una modificación reciente de la ordenanza fiscal gracias a la movilización ciudadana, y la empresa busca todos los resquicios legales. Así por ejemplo está cobrando una doble cuota de agua a todas las comunidades que han establecido un sistema comunitario de agua caliente, cobrando a cada piso dos altas y dos cuotas de agua, una por el agua fría y otra por el agua caliente.

La realidad es que la privatización del agua ha supuesto un empeoramiento de las condiciones laborales, no suponiendo una mejora de las condiciones del servicio más allá de algunas obras que ya estaban definidas y se debían acometer con o sin empresa. De hecho como norma general el servicio en la zona rural sigue siendo malo, no habiendo tampoco cortado las pérdidas de la red. Es previsible además una subida importante de las tarifas, que ya empieza a pedir la gestión de Aguas de Langreo, y que se concretará en cuanto la crisis económica se diluya y ya no sea tan “impopular” para el PSOE.

Seguimos reclamando la reversión de la concesión del servicio de aguas y la constitución de una empresa pública de agua con una gestión moderna y profesionalizada en la que tenga cabida la participación ciudadana, y el principio fundamental sea el servicio a los ciudadanos y la calidad, no el beneficio económico.