EL 29-S MOVILIZATE, ¡¡que no te hagan pagar la crisis!!

Estamos asistiendo a la mayor agresión a los derechos de los trabajadores de la historia de España, y todo ello desde un Gobierno del PSOE de Zapatero que se atreve a llamarse “de izquierda”, y que realmente está al servicio de la patronal y del gran capital.

PRIMERO:
Procedieron al recorte del gasto público con la excusa de la crisis económica: reducción de los salarios de los empleados públicos en un 5% de media en junio con congelación para el 2011, congelación de las pensiones a partir de 2011, eliminación del cheque bebé, reducción de la inversión pública, recorte de las prestaciones de dependencia eliminando su retroactividad, y elevación edad jubilación anticipada en un año como medidas más importantes.

SEGUNDO:
Aprobaron la reforma laboral que se está tramitando como proyecto de Ley en el Congreso que en resumen supone: abaratamiento del despido por múltiples vías (extensión contrato fomento empleo, fin tutela judicial y de la nulidad del despido por defectos formales, facilitación causas despido objetivo, subvención por el Fondo de Garantía Salarial de los despidos), legalización de las agencias de colocación con ánimo de lucro en un proceso de privatización de los servicios públicos de empleo, generalización de las empresas de trabajo temporal a actividades de riesgo, elevación del poder empresarial y degradación de la negociación colectiva y en particular de su producto los convenios colectivos….

Siendo todas las propuestas graves conviene resaltar una que apenas han recogido los medios de comunicación. El Fondo de Garantía Salarial financiado con nuestras cotizaciones y dedicado en teoría a garantizar el cobro de los salarios debidos a los trabajadores en casos de insolvencia empresarial va a pasar a tener como finalidad fundamental subvencionar los despidos a las empresas, pagando con dinero robado a los empleados de este país 8 días por año de trabajado de las indemnizaciones por despido.

Y esto aún no ha acabado. En la tramitación parlamentaria de la reforma laboral las cosas no hacen más que empeorar. Las enmiendas en tramitación pretenden facilitar aún más las causas del despido objetivo, ampliar el poder empresarial y además maquillar las estadísticas de paro con la excusa de reducir de 100 a 30 días el periodo para que un parado acepte o rechace cursos de formación.

TERCERO:

El último paso de este ataque sin precedentes a las capas populares de este país es la reforma de las pensiones. El ministro Corbacho graciosamente dijo en fechas recientes que el “consenso” podría estar en elevar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 20 años (una gran concesión la propuesta anterior eran 25) con la consecuencia de reducir la cuantía de las futuras pensiones de jubilación, pues generalmente por efecto de la antigüedad y ascensos percibimos mejores salarios en los últimos años cotizados. El Gobierno sigue insistiendo en elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años y no descarta elevar el actual periodo de carencia de 15 años, incrementando los años necesarios para acceder a una pensión.

Esta agresión del PSOE y la patronal, con la complicidad de los nacionalistas del PNV y CIU, y la connivencia del PP que hipócritamente critica lo que venía defendiendo desde hace años, requiere una respuesta contundente de la clase obrera y el pueblo español.

Es necesario que la HUELGA GENERAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE tenga un seguimiento masivo, tanto en los centros de trabajo como en las manifestaciones, siendo muy importante pero no suficiente; la Huelga General del 29 de Septiembre no puede ser el punto final sino que debe ser un primer paso en un proceso de movilizaciones sostenido en el tiempo para frenar las agresiones del capital y construir una alternativa de izquierdas que defienda a los trabajadores y al pueblo frente a la crisis capitalista y no esté subordinada a los intereses del capital y los empresarios.

EXISTEN ALTERNATIVAS a este sistema económico que recae en la explotación de los trabajadores.

Reducir las prestaciones sociales y los derechos laborales no reactiva la economía ni beneficia al conjunto de la población, aunque si consigue su fin real e inconfesable: elevar la tasa de beneficio de los empresarios.

El pueblo se beneficiaría de una política alternativa basada en un aumento de los recursos públicos mediante una fiscalidad progresiva sobre las rentas altas, la inversión pública, el reparto del trabajo, la iniciativa pública en materia económica, y el fomento de las cooperativas y empresas de economía social.