Desde el Gobierno del PSOE de Zapatero se está proponiendo una reforma de la Seguridad Social que supondría elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años, apuntando otras medidas regresivas como ampliar el periodo de cómputo para la cuantía de las pensiones de los últimos 15 años trabajados a 25 (con la consiguiente rebaja de las pensiones medias futuras), y la supresión de las pensiones de viudedad en algunos supuestos (hablan de periodos de convivencia cortos y sin hijos, y de establecer una limitación temporal en ciertos casos).
La propuesta supone el más grave ataque al sistema de seguridad social de este país que se recuerda, pretendiendo el gobierno aprovechar la grave crisis económica causada por el capital financiero para recortar las prestaciones sociales. Esta reforma pretende legitimarse sobre la base de la no sostenibilidad económica del sistema por el envejecimiento de la población que llevaría a disponer de una reducida base de cotizantes insuficiente para mantener la masa de pensiones. Llama la atención que un gobierno y un partido que se denominan a sí mismos socialistas y de izquierdas propongan un recorte tan brutal de derechos sociales de los trabajadores. Aparentemente parecería que actúan como meros gestores preocupados por cuadrar las cuentas, nunca como militantes de izquierda preocupados por los derechos sociales y el bienestar del conjunto de la población, y en especial de los sectores más desfavorecidos. Si estuvieran preocupados por la viabilidad del sistema realmente se plantearían medidas para fomentar la natalidad, aumento de las cuotas de la seguridad social, etc. Su perspectiva sesgada está claramente indicada porque proponen medidas para reducir los gastos, pero nunca para aumentar los ingresos del sistema. De hecho lo social sería plantear la jubilación a edades inferiores a los 65 años en las profesiones penosas, cuestión que recogía el Pacto de Toledo y aún sigue pendiente. Además la experiencia en la función pública donde de forma voluntaria puede prolongarse la edad de jubilación, es que en la mayoría de los casos el interés del servicio público aconsejaría la jubilación obligatoria. Asimismo no ha finalizado la separación de las fuentes de financiación para que las cuotas de seguridad social financien exclusivamente las prestaciones contributivas y el resto de gastos se financien con impuestos generales. De hecho en otros países europeos los impuestos generales contribuyen más al sistema de seguridad social que las cuotas de seguridad social. Pero esto no es así. La relación de hechos que supuestamente hace peligrar la seguridad social sencillamente es falsa. En el año 2009 según el señor Corbacho la Seguridad Social tuvo un superávit de 8.000 millones de €, pese a ser un año catastrófico para el empleo que acabó con 4.300.000 parados y un aumento de más de 1.200.000 parados, es decir las peores condiciones imaginables, habiendo un fondo de reserva acumulado de 62.000 millones de euros para el futuro. Que todo es un cuento lo ilustra la oferta del Gobierno del PSOE a la Patronal en la negociación colectiva de una rebaja de dos puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿No hay dinero para pagar las pensiones futuras pero rebajamos las cotizaciones a la Seguridad Social? La realidad es que estamos una vez más ante un intento de alarmar a la opinión pública para que acepte recortes sociales y promover los intereses empresariales que en el fondo defienden tanto el PP como el PSOE. Esta película ya la hemos visto. En la época de Felipe González ya se nos metió miedo y se hicieron predicciones catastróficas que nunca llegaron a cumplirse. De hecho la evolución demográfica del país debido a la inmigración y a la estabilización de la natalidad (de hecho aunque sigue siendo muy baja en los últimos años ha crecido ligeramente) no respondió a lo previsto por dichos augures y el sistema de Seguridad Social es muy sólido económicamente en la actualidad. Sin embargo el ataque de Felipe González y Aznar tuvo sus efectos. En reformas sucesivas el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión pasó de 2 a 8 años y de 8 a 15 años progresivamente, con la consiguiente rebaja en la cuantía de las pensiones, se incrementó el periodo de carencia para acceder a una pensión hasta los 15 años, y se incentivaron notablemente los Planes de Pensiones privados beneficiando a los empresarios. Es de notar que la reciente crisis económica ha demostrado una vez más que lo más sólido son los sistemas públicos que siguen en pie pese al desplome de los muy seguros planes privados basados en la especulación. Este nuevo ataque es una vuelta de tuerca más. Mientras el PP permanece callado por mero cálculo electoral, el Gobierno del PSOE intenta congraciarse con la gran patronal. El tiempo demuestra que las políticas económicas y laborales de PSOE y PP son muy similares, dependientes de la banca, las grandes empresas y las multinacionales. Este es un nuevo embate, similar a las demandas de la patronal respecto al despido libre, destinado a calibrar la oposición a los recortes sociales y lograr todo lo que puedan. De nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, los movimientos sociales, partidos políticos y muy en especial los sindicatos depende evitarlo y rebelarnos contra la lógica de nuestro sistema económico capitalista. Es necesaria una reacción clara para abortar los ataques a nuestro sistema de protección social. La manifestación de Oviedo del día 23 de Febrero y simultáneas en el resto del país son un primer paso, que debería llevar a la huelga general si el Gobierno no desiste.
La propuesta supone el más grave ataque al sistema de seguridad social de este país que se recuerda, pretendiendo el gobierno aprovechar la grave crisis económica causada por el capital financiero para recortar las prestaciones sociales. Esta reforma pretende legitimarse sobre la base de la no sostenibilidad económica del sistema por el envejecimiento de la población que llevaría a disponer de una reducida base de cotizantes insuficiente para mantener la masa de pensiones. Llama la atención que un gobierno y un partido que se denominan a sí mismos socialistas y de izquierdas propongan un recorte tan brutal de derechos sociales de los trabajadores. Aparentemente parecería que actúan como meros gestores preocupados por cuadrar las cuentas, nunca como militantes de izquierda preocupados por los derechos sociales y el bienestar del conjunto de la población, y en especial de los sectores más desfavorecidos. Si estuvieran preocupados por la viabilidad del sistema realmente se plantearían medidas para fomentar la natalidad, aumento de las cuotas de la seguridad social, etc. Su perspectiva sesgada está claramente indicada porque proponen medidas para reducir los gastos, pero nunca para aumentar los ingresos del sistema. De hecho lo social sería plantear la jubilación a edades inferiores a los 65 años en las profesiones penosas, cuestión que recogía el Pacto de Toledo y aún sigue pendiente. Además la experiencia en la función pública donde de forma voluntaria puede prolongarse la edad de jubilación, es que en la mayoría de los casos el interés del servicio público aconsejaría la jubilación obligatoria. Asimismo no ha finalizado la separación de las fuentes de financiación para que las cuotas de seguridad social financien exclusivamente las prestaciones contributivas y el resto de gastos se financien con impuestos generales. De hecho en otros países europeos los impuestos generales contribuyen más al sistema de seguridad social que las cuotas de seguridad social. Pero esto no es así. La relación de hechos que supuestamente hace peligrar la seguridad social sencillamente es falsa. En el año 2009 según el señor Corbacho la Seguridad Social tuvo un superávit de 8.000 millones de €, pese a ser un año catastrófico para el empleo que acabó con 4.300.000 parados y un aumento de más de 1.200.000 parados, es decir las peores condiciones imaginables, habiendo un fondo de reserva acumulado de 62.000 millones de euros para el futuro. Que todo es un cuento lo ilustra la oferta del Gobierno del PSOE a la Patronal en la negociación colectiva de una rebaja de dos puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿No hay dinero para pagar las pensiones futuras pero rebajamos las cotizaciones a la Seguridad Social? La realidad es que estamos una vez más ante un intento de alarmar a la opinión pública para que acepte recortes sociales y promover los intereses empresariales que en el fondo defienden tanto el PP como el PSOE. Esta película ya la hemos visto. En la época de Felipe González ya se nos metió miedo y se hicieron predicciones catastróficas que nunca llegaron a cumplirse. De hecho la evolución demográfica del país debido a la inmigración y a la estabilización de la natalidad (de hecho aunque sigue siendo muy baja en los últimos años ha crecido ligeramente) no respondió a lo previsto por dichos augures y el sistema de Seguridad Social es muy sólido económicamente en la actualidad. Sin embargo el ataque de Felipe González y Aznar tuvo sus efectos. En reformas sucesivas el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión pasó de 2 a 8 años y de 8 a 15 años progresivamente, con la consiguiente rebaja en la cuantía de las pensiones, se incrementó el periodo de carencia para acceder a una pensión hasta los 15 años, y se incentivaron notablemente los Planes de Pensiones privados beneficiando a los empresarios. Es de notar que la reciente crisis económica ha demostrado una vez más que lo más sólido son los sistemas públicos que siguen en pie pese al desplome de los muy seguros planes privados basados en la especulación. Este nuevo ataque es una vuelta de tuerca más. Mientras el PP permanece callado por mero cálculo electoral, el Gobierno del PSOE intenta congraciarse con la gran patronal. El tiempo demuestra que las políticas económicas y laborales de PSOE y PP son muy similares, dependientes de la banca, las grandes empresas y las multinacionales. Este es un nuevo embate, similar a las demandas de la patronal respecto al despido libre, destinado a calibrar la oposición a los recortes sociales y lograr todo lo que puedan. De nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, los movimientos sociales, partidos políticos y muy en especial los sindicatos depende evitarlo y rebelarnos contra la lógica de nuestro sistema económico capitalista. Es necesaria una reacción clara para abortar los ataques a nuestro sistema de protección social. La manifestación de Oviedo del día 23 de Febrero y simultáneas en el resto del país son un primer paso, que debería llevar a la huelga general si el Gobierno no desiste.
1 comentario:
Afortunadamente han retirado la propuesta. En realidad se trata de asustar a la gente para fomentar los planes privados de pensiones y sacar lo que puedan aunque sea en otros temas (reforma laboral).
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